Una de las grandes estrategias del régimen ha sido la confiscación de bienes, desalojando familias, confiscando casas, edificios de la sociedad civil, empresas privadas y medios de comunicación. Un estudio del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), calcula que las ilegales confiscaciones de bienes efectuadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, tienen un costo de –al menos– 250 millones de dólares, cuya cifra es solo una aproximación ya que cientos de afectados prefieren no denunciarlo por temor a represalias a sus familias que se encuentran en el país, lo que representa un desafío a la documentación de todos los casos para una futura justicia transicional. En 2022 el especialista Manuel Orozco de Diálogo Interamericano estimó que las pérdidas económicas por el cierre de ONGs podría superar los 200 millones de dólares al año.

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